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Reforma Agraria marca sobrevivencia del campo
30 de Agosto 2010 | Fuente: Listin Diario

Hace décadas el motor de la economía dominicana salió del campo, para colocarse en las zonas del servicio turístico y las importaciones. La producción de alimentos, sin embargo, se mantiene como un trascedente sector. En el 2009 sus aportes al Producto Interno Bruto se incrementaron por encima del 14%, y en el primer semestre de este año permitieron un crecimiento de 11% en las exportaciones. A pesar de que los jóvenes muestran poco interés por el trabajo rural (el cultivo de cacao, por ejemplo, se queda sin relevo), y de que las zonas agrícolas han asumido a parte importante de la migración legal e ilegal de haitianos porque la paga no es

atractiva para la población criolla, el campo se mantiene como la zona de trabajo de varias generaciones de dominicanos y dominicanas, integrados desde 1961 a los procesos de distribución de tierra de la Reforma Agraria. “Con la Reforma se eliminaron, en un alto porcentaje, las relaciones de producción terrateniente-campesino. Las tenciones sociales surgen cuando la tierra está concentrada en pocas manos y los campesinos de sus alrededores actúan como asalariados. La Reforma Agraria eliminó esa situación y colocó al campesino como un pequeño empresario con una porción de tierra que ronda entre las 30 y 50 tareas, que le ha permito desarrollarse para obtener el sustento familiar”, dice Héctor Rodríguez Pimentel, quien hasta hace dos semanas ocupaba la Dirección Ejecutiva del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

En el banco de datos del IAD ya se registran 118 mil 17 parceleros asentados, en un área superior a los 10 millones 325 mil 564 tareas. Dentro de estos asentamientos se cultiva más del 50% de la producción alimenticia nacional.

En el 2008, para poner un ejemplo, las parcelas entregaron al consumo local y a la exportación 7 millones 265 mil 940 quintales de arroz, ají, auyama, tomate, yautía, guandul, guineo, habichuelas, maíz, papa, plátano, cebolla, berenjena y otros alimentos de primera importancia. A simple vista las cifras parecen el resultado de un gran movimiento campesino, pero en realidad cada quintal de comida es el fruto de la planificación, el endeudamiento, el trabajo y el sacrificio de un pequeño productor y de su familia. En promedio, la tenencia de tierras de la Reforma Agraria no pasa de las 30 tareas.

“Todavía, a pesar de que hay 118 mil parceleros, tenemos que decir que falta tierra por repartir. Hay más de 300 mil tareas del Estado que están en manos de particulares, que pueden ser distribuidas a padres de familias campesinas”, entiende Andrés Reyes, dirigente de la Federación de Parceleros de la Reforma Agraria. Las nuevas distribuciones, dice, deben hacerse mientras se trabaja en la superación del gran dolor de cabeza de los parceleros y del Instituto Agrario.

Como establece la ley 5879, que fija las bases de la Reforma conjuntamente con el Código Agrario, los campesinos beneficiados por el plan deben recibir un título definitivo de propiedad que les permita explotar con prácticas agropecuarias las tierras concedidas, y transferirlas en herencia a familiares directos (otro tipo de traspaso o uso queda prohibido por las normativas). Pero desde 1962 a la fecha sólo se han emitido títulos definitivos para el 65% de la tierra. Faltan 7 millones de tareas.

“El título definitivo es una garantía de la legalidad de la tierra. Hace que el parcelero esté más seguro y pueda acudir a la banca privada a buscar financiamiento, porque el título provisional únicamente es aceptado en el Banco Agrícola”, explica Reyes, satisfecho con las titulaciones presentadas recientemente por el IAD, y atento a que la entidad acelere los procesos de entrega. Sin el título final, agrega, el parcelero o la parcelera también queda impedido de asociarse con inversionistas interesados en proyectos agropecuarios, porque jurídicamente aún no posee el terreno.

Rodríguez Pimentel afirma que el Gobierno, a través del Programa de Titulación de Tierras de la Reforma Agraria, ha entregado en los últimos 10 meses cerca de 800 títulos definitivos y más de 7,000 provisionales a campesinos y campesinas de todo el territorio nacional. Dice que también se consiguió, con la ayuda de la Suprema Corte de Justicia y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), la exoneración del pago del impuesto a la titulación y la reducción del costo de medición y deslinde de las propiedades, que antes rondaba entre los RD$60 mil y RD$70 mil, y ahora se podría colocar entre RD$20 mil y RD$30 mil.

“La titulación es básica. Sin eso los parceleros no pueden sentir que realmente tienen la tierra, ni muchos menos integrarse a los nuevos modelos de producción”, reconoce Rodríguez Pimentel, en una entrevista ofrecida a LISTÍN DIARIO minutos antes de ser sustituido de la dirección del IAD.

El lento y limitado proceso de entrega de títulos provisionales y definitivos muchas veces ha estado marcado por denuncias de manipulaciones con fines electorales y otorgamiento de terrenos de la Reforma a empresarios turísticos y agroindustriales.

Franklin Rodríguez, pasado director del Instituto, ha dicho que más del 54% (7,024) de los parceleros con títulos definitivos ha vendido sus terrenos a terceros.

Según el libro “La Participación Institucional en el Proceso de la Reforma Agraria”, la primera etapa de la distribución comenzó por el noroeste de la República. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se incentivo la producción y el asentamiento en las zonas fronterizas, a fin de poner freno a la inmigración irregular de haitianos.

En un segundo momento se destaca la creación del IAD, en 1962, y la organización de unidades de producción agrícola, para que fueran explotadas por familias de modo independiente y con titulación provisional.

Entre 1962 y 1975 se asentaron 31 mil 404 familias, distribuidas entre 298 actos.

Estos parceleros, según los reportes, recibieron también servicios de asistencia técnica, suministro de insumos, canales de irrigación y facilidades crediticias. En la tercera etapa, iniciada en 1972, se promulgaron las leyes agrarias, para intensificar el proceso de la Reforma. El llamado Código Agrario permitió la captación de tierras estatales que estaban en manos de particulares, así como la disminución del latifundio. Ya para 1975 se contaban 2,234 parceleros de la Reforma solamente en las zonas arroceras.

La repartición, limitada, de tierras en diferentes partes del territorio nacional, ayudó a que la presión social de las zonas rurales no desembocara en grandes confrontaciones revolucionarias, como ocurría en varios países de América Latina, según apuntan los expertos del IAD.